¿PARA QUÉ SIRVE LA MONARQUÍA? (II)

“La monarquía se creó, precisamente, para defender al pueblo del Dinero”

(Juan Manuel de Prada)

Texto: Víctor Núñez Díaz

Fotografía de cabecera: Javier Corbacho Galán


Este texto es, ante todo, un llamamiento a no menospreciar la relevancia que la simbolización desempeña en la práctica de un régimen político. Lo que las izquierdas sesentayochistas reivindican constantemente –la materialización de la fuerza ejercida a través de la dimensión simbólica– parecen desconsiderarlo cuando se trata de la monarquía. Aunque, quizás, lo que sucede es que tienen muy en cuenta la potencia del influjo que la Corona puede ejercer sobre la sociedad española (hecho que quedó demostrado en la manifestación multitudinaria de Barcelona del 8 de octubre que siguió al discurso del rey), y es precisamente por eso que estarían firmemente determinados a hacerla desaparecer. En cualquier caso, ya hemos mostrado que tiene sentido pensar que nadie como el Rey puede representar la unidad del Estado en su totalidad, lo cual le habilita, como bien explica Herrero de Miñón, para ser la “única institución capaz de arbitrar, desde una posición ajena a los partidos, el juego democrático de los mismos”. En esta misma línea, Carl Schmitt –ligando la evolución de la concepción de la monarquía al deslizamiento del teísmo al deísmo– localizaba genealógicamente la inspiración de la famosa fórmula de el rey reina pero no gobierna: “El paralelo entre el monarca de un régimen parlamentario (que no se entromete en las decisiones de su gobierno, sino que manda pero no gobierna desde cierta trascendencia mediante un gobierno parlamentario) y la noción de un ser superior que no interviene en el curso del mundo es sorprendente”.

Lo que las izquierdas sesentayochistas reivindican constantemente parecen desconsiderarlo cuando se trata de la monarquía.

 

Nos movemos, por tanto, en el ámbito de lo que habitualmente se ha dado en llamar una “república coronada”. Hemos visto también que el carácter vitalicio y hereditario de la institución responde a un sentido histórico, que, si bien no puede servir como legitimación hoy día, sí es relevante desde el punto de vista de su operatividad.




A partir de aquí, para proceder de manera sistemática, voy a remitirme al panfleto repartido por los convocantes del referéndum sobre la monarquía organizado por los estudiantes de la UAM. En dicho folleto se indican algunos de los –escasos– presupuestos teóricos sobre los que se pretende aducir la necesidad de abolir la monarquía. Puesto que en él se sintetizan algunos de los argumentos que más repetidamente pueden verse en las redes sociales de la plataforma interuniversitaria –dejaremos aquí de lado, con perdón, las “argumentaciones” confeccionadas vía memes–, los abordaré uno a uno, dado que no puedo sino considerarlos, en su mayoría, infundados.

“Frente a este régimen antidemocrático, (…) reclamamos nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro”El reproche más habitual que se le plantea a la monarquía no es otro que, en efecto, el hecho de que es antidemocrática. ¿Es esto realmente así? En un cierto sentido, naturalmente que sí. Por definición, la monarquía no es una institución democrática, si entendemos por tal la elección de la persona que la ocupa mediante sufragio popular. Esto es tan trivial que no merece mayor consideración. La naturaleza de la Corona es ser transferible solo mediante el linaje, y el único caso en que tiene sentido que sea electa es en el momento de excepcionalidad previsto por la Constitución en su artículo 57.3; a saber, el de la ausencia de un heredero. Desde este punto de vista, tampoco es razonable que, como proponen algunos, Felipe VI se presentara a unas elecciones para ser refrendado por los españoles y así acceder “legítimamente” a la jefatura del Estado. Los desórdenes causados por la elegibilidad de la Corona han quedado bien patentes en la historia española en sucesos como la lamentable competición internacional entre los aspirantes al vacante trono español tras el exilio de Isabel II.

En una monarquía parlamentaria, estando esta sujeta a la Constitución, la soberanía sigue perteneciendo al pueblo.


Lo que necesitamos evaluar es algo diferente: el posible encaje democrático de la monarquía en un sistema representativo. O, como lo expresa el ya citado Eloy García, la “posibilidad de una lectura democrática del artículo 56 de la CE”, el referente a la Corona. Debemos despojarnos en este punto de otra trivialidad: en una monarquía parlamentaria, estando esta sujeta a la Constitución, la soberanía sigue perteneciendo al pueblo. Como sostiene Manuel Aragón, la monarquía parlamentaria es “una forma política del Estado que no es contradictoria, sino conciliable, con el principio democrático”. Y es que afirmar que una monarquía es incompatible con la democracia significaría asumir que seguimos en un escenario de Monarquía absoluta o de soberanía compartida, y esto no es así. Por tanto, es ridículo insinuar que el pueblo español no es enteramente soberano por el hecho de que la jefatura del Estado sea ocupada por un Rey. Es preciso incidir, de nuevo, en que el Rey se debe enteramente a la Constitución que lo autoriza, y que sus funciones están expresamente prescritas por el texto del 78 y sometidas a las leyes del Parlamento. De nuevo, Aragón describe este hecho acertadamente: “[El rey constitucional] es, necesariamente, el primer servidor de la Constitución y el más empeñado en preservarla, por convicción y obligación, desde luego, pero también porque la suerte de la Constitución está unida a la de la propia monarquía”. Permítaseme la osadía de servirme, en este punto,  de una de las más célebres sentencias de Montesquieu, y parafrasearlo diciendo que, a mi modo de ver, el Rey de una monarquía parlamentaria puede ser entendido como la boca que pronuncia las palabras de la Constitución.

En todo caso, podría acertadamente decirse que el paradigma tradicional de la soberanía está severamente minado, y que, en la práctica, los españoles –como prácticamente el resto de regímenes liberales del mundo– tienen una capacidad muy mermada de ejercer un poder soberano genuino. Pero esto se debe fundamentalmente, como es sabido, a procesos de internacionalización que no tienen nada que ver con la monarquía como forma de Estado; esta no plantea, como tal, ningún obstáculo a la soberanía nacional. 

Cabría objetar, empero, que no puede decirse que un pueblo sea realmente soberano cuando hay un individuo que se sitúa por encima de la ley. Así, el Rey vulneraría, con su inviolabilidad y su privilegiada sobreprotección legal, el más básico de los principios sobre los que se sustentan los estados de derecho contemporáneos; a saber, la igualdad ante la ley.

La propia CE, en su artículo 56.3, establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. No obstante, incluso para un aspecto tan aparentemente arduo de justificar como este, puede hallarse una explicación que podrá ser aceptada racionalmente hasta por la más áspera de las conciencias. Dejaré aquí que sea Pedro González-Trevijano quien lo exponga: “El rey carece de poderes políticos propios, que se encomiendan a órganos en los que no puede intervenir el monarca. Si el rey no es el autor material de ningún acto de gobierno, difícilmente va  a ser responsable del mismo. Por eso el rey es políticamente irresponsable. Por eso ahora el refrendo adquiere una nueva función: sirve para que el que refrenda los actos del rey asuma la responsabilidad del mismo […] Si el rey hace o dice algo que no se acomoda a la Constitución, alguien tendrá que asumir esa responsabilidad”. Concédaseme aquí, para incidir en este punto, recurrir de nuevo a Gramsci: “Las fórmulas que establecen la no-responsabilidad por los actos de gobierno del Jefe del Estado y hacen recaer dicha responsabilidad en el gabinete son la casuística del principio general de tutela de la concepción de la unidad estatal, del consentimiento de los gobernados a la acción estatal, cualquiera sea el personal inmediato que gobierna y el partido al que pertenezca”.

Aún sería posible plantear una última objeción; la de qué responderle al más obcecado de los republicanos, al más ardoroso de los partidarios de la extensión de la participación ciudadana a todos los ámbitos de la vida social, que sostuviera lo siguiente: “Bien, concedo que la existencia de una monarquía desapoderada y con atribuciones meramente ceremoniales no constituye ningún impedimento para la práctica democrática como tal, pero siempre cabe profundizar en la democratización, ir un paso más allá en el gradiente de la escala democrática”?

Pues bien, ante todo, le responderíamos con una saludable dosis del principio de realidad: no cabe a estas alturas caerse del caballo y advertir, alarmados, que todo régimen político está pensado para durar; y que, en particular, los sistemas parlamentarios liberales se sustentan sobre un diseño institucional que, sin duda, prima en ciertos ámbitos la estabilidad a una profundización sustantiva en los mecanismos democráticos. En este sentido, la Corona es indudablemente un instrumento más al servicio  de la garantía del orden político y social.

Por definición, la monarquía no es una institución democrática, si entendemos por tal la elección de la persona que la ocupa mediante sufragio popular.

 

Pero esto, como digo, no es ni mucho menos exclusivo ni del sistema español ni de las monarquías en general, ni supone un perjuicio a la calidad de las instituciones democráticas.  Más bien al contrario, lo que encontramos es que, en Europa, son precisamente las monarquías parlamentarias las que obtienen un mejor resultado en todos los indicadores de desarrollo político, económico y social. Como nos recuerda el Centro Cívico de Opinión, no suele prestarse atención al hecho de que, en los índices de calidad democrática, las monarquías parlamentarias acostumbran a estar entre los primeros puestos, formando parte seis de las ocho europeas ( Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y España) de las llamadas democracias completas, honor que sólo corresponde a 19 países en todo el mundo. En fin, acudo de nuevo a las palabras del Círculo, dado que no se puede expresar mejor la respuesta a las críticas a la monarquía sobre la base de su supuesto carácter antidemocrático: “No es solo que monarquía y democracia sean perfectamente compatibles, como la historia demuestra, o que algunas de las mejores democracias del mundo sean monarquías. Lo relevante es que todas las monarquías parlamentarias están entre las mejores democracias del mundo (…) Frente al prejuicio de que la monarquía tiene poco que ver con modernidad, se puede demostrar con datos que las sociedades de los países cuya forma institucional es la monarquía parlamentaria está entre las más avanzadas del mundo”.

“¿Hasta cuando vamos a soportar una institución heredera del franquismo…”: Al igual que sucede con la solución de compromiso que el devenir histórico ha alumbrado entre democracia y liberalismo, cristalizando en los actuales Estados democrático-sociales de derecho, hemos repetidamente mostrado cómo dos dimensiones que a un nivel teórico parecerían estar condenadas a la más absoluta de las incomprensiones, en la práctica acaban conciliándose de una u otra manera,  limando así incluso las más insobornables ortodoxias. Es el caso también de la aparentemente insalvable contradicción a nivel lógico entre república y monarquía, que, como hemos visto, no sólo acaba materializándose en una conllevanza entre ambas, sino que además terminan favoreciéndose sinergias positivas entre ellas.

El rey no hizo sino cumplir con su obligación: reiterar el compromiso de la Corona con la Constitución.

 

Así pues, deberíamos ser capaces de distinguir la motivación que dio origen a un determinado arreglo institucional y la deriva que éste tomase después, nutriéndose de ulteriores glosas que lo enriqueciesen en su pertinencia y modulándose a partir de la evolución de las exigencias colectivas. Y es que, aunque algunos tengan interés en asumir aquello del “está todo atado y bien atado”, afortunadamente las sucesivas significaciones que adquieren algunas instituciones exceden con mucho el sentido que inicialmente le fueron dadas por su diseñador.

No podemos dar por válido tampoco, consecuentemente, otro de los lugares comunes que los antiborbónicos esgrimen en su campaña, y que, reflejado en diversos documentos audiovisuales en los que el Generalísimo pasa el testigo al Campechanísimo, hace las delicias de quienes están empeñados en mantener que seguimos viviendo bajo la sombra del aguilucho.

Tal vez los estudiantes pro-referéndum acusen una menor tibieza que los líderes de la izquierda institucional, y no se vean apelados por planteamientos que quizás consideren propios de un timorato, pero lo cierto es que incluso las cabezas políticas más combativas con la Corona han mostrado repetidamente reservas hacia esta idea de que la restauración monárquica refrendada en el 78 sea una extensión lógica del régimen franquista. Así, este escribiente ha tenido la oportunidad de leer y escuchar –no sin cierta satisfacción, para ser sincero– a ejemplares republicanos como Echenique, Cayo Lara o el propio Iglesias reconocer que al César lo que es de Juan Carlos, y que tocaba admitir que el rol del Borbón habría sido decisivo a la hora de desarticular los ánimos de una cierta milicia insatisfecha que amenazaba la posibilidad de la implantación de una democracia en España. En este punto, los adalides del empoderamiento popular no están lejanos a planteamientos como los de los llamados “padres de la Constitución”, que estimaban que “sólo el Rey pudo devolver la soberanía al pueblo español”.

Todas las monarquías parlamentarias están entre las mejores democracias del mundo.

 

Si nos ponemos más técnicos, es ineludible aquí que revisitemos un texto de 1972 llamado “El principio monárquico”. En él, el ya mencionado Miguel Herrero de Miñón, ante el avistamiento de una sucesión inminente en la jefatura del Estado, escruta exhaustivamente las Leyes Fundamentales de 1938, 1939 y 1967 con objeto de dilucidar la forma que habría de adoptar el traspaso de poderes a la muerte del Caudillo. Pues bien, en virtud del principio monárquico en que se basaban tales Leyes, el rey sería en España el poder soberano del Estado. Es decir, de acuerdo con las Leyes Fundamentales,  el rey habría de asumir el “supremo poder administrativo” y la “gobernación del Reino”. Resulta obvio que el rey actual está investido de unos poderes infinitamente inferiores a los que le prescribía la legislación franquista. Por tanto, puede decirse que en la Corona operó lo que Herrero de Miñón había previsto como la posibilidad de una “desnutrición de la magistratura real” (posibilidad que quedaba abierta en virtud de una interpretación más laxa destilada de las propias Leyes), que para él, no había duda, representaría técnicamente una “verdadera traición al orden institucional” vigente en el momento. Podemos concluir, pues, que el esbozo de la Jefatura del Estado preconcebida por las leyes franquistas no se corresponde ni mucho menos  con la forma que adoptó tras la Constitución del 78, pudiendo decirse incluso que Juan Carlos I se configuró como un traidor del régimen franquista.

“…y que estuvo a la cabeza del golpe del 155?”: La función arbitral del monarca  se agota en el campo de la legalidad, y no es de recibo suponer que el Rey tendría que haber excedido sus atribuciones constitucionales para entablar un “diálogo” con los independentistas. Sintetizaba muy bien la cuestión en una reciente tribuna Teodoro León Gross: “El Rey ha de ser neutral en el juego político, no cuando se ataca el orden constitucional”. En definitiva, es injusto acusar a Felipe VI de haber tomado partido por uno de los “bandos” en pugna en el conflicto catalán durante su discurso del 3 de octubre. Por tanto, no pueden calificarse sentencias como “No olvidamos tampoco que Felipe VI salió el 3 de octubre del año pasado a avalar la brutal represión contra el pueblo catalán” más que de absoluto disparate, motivado o bien por la mayor de las ignorancias de lo que constituye las atribuciones del Rey, o bien como una difamación tan insidiosa que, de no haberse iniciado los trámites de despenalización de las injurias a la Corona, tal vez habría tenido incluso repercusiones legales. En definitiva, el rey no hizo sino cumplir con su obligación: reiterar el compromiso de la Corona con la Constitución y ejercer como garante del respeto al orden constitucional. Ni pudo ni debió haber hecho otra cosa distinta en tal contexto de transgresión de la legalidad.

“Reclamamos nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro sin limitaciones. ¡Queremos decidirlo TODO!”Baste decir a este respecto que, por fortuna, el apellido “liberal” que le sigue a “democracia” en la actualidad muestra aquí todo su sentido: la relegación al campo de lo indecidible de los elementos que conforman la identidad de una comunidad política es en gran medida lo que permite ejercer como freno a pasiones decisoras desmedidas y expansionistas, ambiciones que en último término podrían amenazar el disfrute de las libertades individuales más básicas, viéndose por tanto constreñidas gracias a la garantía de derechos civiles y políticos que la Constitución confiere. Conservo una mínima esperanza de que, en algún momento, por remoto que sea, las izquierdas hipercríticas alcancen a entender que votar según qué cosas es precisamente –aunque pueda resultar paradójico en un primer vistazo– antidemocrático.

“No estamos dispuestos a heredar este régimen impuesto. La mayoría de nosotros no hemos tenido la oportunidad de votar la Constitución del 78”: Obviaré aquí la cursilería y la arrogancia que laten en la retórica de la primacía y la fetichización de la juventud. Dejando a un lado, por tanto, la ridícula bisoñez del discurso que he podido escucharles a los implicados en la consulta (“¡Somos la juventud y nos toca a nosotros decidir el futuro!”), propongo evaluar mínimamente la propuesta que se destila de sus quejas; igualmente ramplona, a mi parecer. A saber, la idea de “una constitución para cada generación”.

Una de las cabezas visibles del movimiento refrendista, Lucía Nistal, se refería en un reciente artículo específicamente a la célebre sentencia de Jefferson: “The earth belongs to the living”. Al margen de que ningún constitucionalista cabal consideraría esta posibilidad hoy día, tal vez le sorprenda saber a Nistal que ni siquiera sus contemporáneos tomaron esta idea de una constitución cada 19 años en serio. Así, el jurista Gustavo Zagrebelsky explica que la “ingenua” propuesta de Jefferson se derivaba de una “grotesca” asimilación de un iusnaturalismo subjetivista, en la forma de un “individualismo generacional”. Frente a los que postulaban –como hoy los impulsores del referéndum– la singularidad inconmensurable de su hornada, otros, como Madison, sostuvieron que no existía una separación total entre generaciones, sino que las sucesivas a la Constituyente establecían una relación de herencia respecto de los padres fundadores, siendo así necesaria una continuidad en la historia constitucional. De esta solución de compromiso entre la vocación de perpetuidad de una constitución y la exigencia de revisión en virtud de la voluntad mayoritaria de cada época surge precisamente la figura de la reforma constitucional. Suponemos que, como es propio de los espíritus contestatarios mecidos por el soplo de la frescura, los estudiantes antiborbónicos no guardan ninguna consideración hacia el sustrato conformado en la tradición histórica española en forma de patrimonio, y que esta atávica actitud de rebelión contra el Padre ejerce un efecto cegador a la hora de cuestionarse la deseabilidad de un proceso constituyente permanente.

En cualquier caso, a la vista de todo lo expuesto en las dos partes del presente escrito, resulta arduo concluir la existencia de una verdadera urgencia para decidir sobre quién ha de ocupar la jefatura del Estado. Ni es una prioridad entre las preocupaciones que asolan a los españoles (con ridículos porcentajes de quienes consideran la monarquía el principal problema del país, como ha mostrado repetidamente el CIS) ni mucho menos se postularía como una solución a los retos que afligen al país que muchos se niegan a llamar España. Lo opuesto es lo cierto: es patente que la monarquía, en su calidad de simbolización de la Nación española y su permanencia, y en el contexto del desafío secesionista, es hoy más necesaria que nunca.