¿PARA QUÉ SIRVE LA MONARQUÍA? (I)

“Salvad tan solo al rey, yo me ocupo de salvar la monarquía”

(J.Fouché)

Texto: Víctor Núñez Díaz

Montaje de cabecera: UND_R CONSTRUCTION


Los comienzos siempre tienen algo de violento y yo, como Foucault, desearía no tener que lidiar con el oneroso momento inaugural y poder adherirme a un discurso ya iniciado. A pesar de ello, tal miedo a empezar se ve compensado por el júbilo que confiere el ser publicado, signo inequívoco de que las ideas de uno interesan a alguien más que a uno mismo. Siguiendo con los preliminares, es necesario aclarar que la siguiente disquisición está motivada sin duda por la insoslayable urgencia que impone, tiránica, siempre y cada vez más la actualidad; y, sin embargo, creo asimismo poder decir que tal investigación no se agota en una simple respuesta coyuntural apremiante, sino que tiene detrás una reflexión iniciada en tiempos menos convulsos para la institución que se pretende defender, y que –confiando en que los lectores así lo juzguen– fue suscitada por un ánimo más sosegado que el meramente reactivo y propagandístico. 




No repetiré aquí la cascada de acontecimientos que ponen de manifiesto la existencia de una ofensiva contra la Corona a nivel nacional. Baste con atender a unas ilustrativas palabras de Pablo Iglesias, uno de los cabecillas de la mencionada campaña: “Y yo os pregunto: ¿para qué sirve el Rey? Tal vez el anterior, Juan Carlos, fuera importante durante la Transición. ¿Pero qué utilidad tiene el actual?’’. Es obvio que la pregunta era retórica, y que, naturalmente, Pablo solo la formulaba con el objeto de regalarse los oídos con la calidez reconfortante que en el alma humana generan siempre los vítores de un auditorio cómplice, no teniendo un verdadero interés en dejarse permear por ese otro espíritu menos cándido, a saber, el resultante de poner entre paréntesis por un momento los prejuicios de uno y tratar de buscar la lógica detrás de un fenómeno que plantea un reto intelectual hasta al mayor de los creyentes. “¡Para nada!”, clamaba la enfervorecida congregación. “¡Viva la República!’’, añadían.

Esta neutralidad política sólo puede ser socialmente creíble si la personalidad que la encarna no es electa.

 

Pero, ¿a qué responde tan repentina y unánime animosidad contra la Corona? No es casual que el movimiento reprobatorio se iniciara en el Parlament de Catalunya. Tampoco la aversión, casi neurótica, de los convocantes del referéndum universitario a utilizar ninguna expresión que evoque, siquiera remotamente, a España –”Las universidades de todo el Estado”, dicen–, ni que que el colofón al descrédito del rey sea iniciar un nuevo proceso constituyente de corte fragmentario. Y, por si alguien le quedase alguna duda sobre de qué va en realidad la cosa, basta con leer las declaraciones de Iglesias, que tiene la irreprochable virtud de explicitar siempre sus propósitos: el viril líder de Podemos aclaraba que se trata de un “proyecto que sea capaz de seducir a Cataluña”.

Pues bien, no se requiere de una pericia especial para darse cuenta de que las iniciativas reprobatorias contra la monarquía no son sino una pata más de un proyecto más amplio, a saber, la desarticulación del entramado institucional alumbrado en 1978 y la consolidación de un programa de deconstrucción nacional. Una ofensiva encabezada por el independentismo, con la connivencia oportunista, como no podría ser de otra manera, de la izquierda popular, motivada por no se sabe qué noción de Patria entendida como un precario equilibrismo territorial de inspiración feudal. Aquí, por cierto, cabría decir que no se explican los quejidos provenientes de los anticasta cuando lamentan que “la derecha se ha adueñado de la bandera”. ¿No se ha caracterizado precisamente Podemos por su capacidad de resignificar nociones antaño monopolizadas por otros? Al margen de algún titubeo ocasional de alguno de sus espadones, la formación morada no ha optado por la vía de la reapropiación hegemónica de la simbología nacional en clave izquierdista, sino que ha preferido dejar caer la nación española y primar intereses espurios y, todo sea dicho, bastante poco igualitarios.

No es casualidad que la campaña contra la Monarquía se iniciara en el Parlament de Catalunya.

 

Ya fue capaz de anticiparlo el filósofo Gustavo Bueno en 2008: “Si se amenaza a un gobierno o al rey o a cualquier otro ciudadano porque representa a la nación, entonces la amenaza involucra a todas las partes de la nación, y no sólo al gobierno o al rey […] Las amenazas dirigidas recientemente contra el Rey, por parte del republicanismo catalanista, buscan terminar con la existencia de España, y no sólo con la monarquía en España”. Ciertamente, no puede sorprendernos a estas alturas el compadreo obsceno entre las izquierdas y el separatismo. En cualquier caso, es bien sabido que el secesionismo, de una voracidad insaciable, siempre acaba devorando a sus compañeros de viaje. Y la ciega carrera hacia ninguna parte que tan entusiastamente están alentando las ​izquierdas indefinidas​, con toda seguridad arribará a la imposibilidad de edificar ningún tipo de proyecto colectivo sobre una conflictiva constelación de intereses identitarios desmembrados.

No obstante, no nos compete aquí prevenir a Iglesias y los suyos de su eventual estrellamiento. Tampoco el reivindicar la pertinencia de la unidad soberana o la lógica detrás del proceso de aglutinamiento político que culminó en los modernos Estados-nación (cuyo más firme partidario, por cierto, era Karl Marx).

Iglesias formulaba su pregunta con el objeto de regalarse los oídos con los vítores de un auditorio cómplice.

 

Nos ocupa, por el contrario, tratar de dar respuesta a las objeciones planteadas a la monarquía parlamentaria como forma del Estado elevadas por parte de varias universidades del país en sus propuestas de referéndum. Vaya por delante, ante todo, mi más sincero encomio a su habilidad logística: el ahínco incansable con el cual han publicitado y colocado bajo el foco mediático la celebración de su consulta no merece sino el reconocimiento de un potencial comunicativo que ya ha cosechado frutos visibles. Precisamente por esto, porque la acción política no institucional lleva la delantera a la hora de enmarcar socialmente nuevas demandas, y ante el seguimiento que han recabado entre amplios sectores educativos y vecinales, se torna más necesario que nunca que aquellos que poseen un convencimiento firme de la deseabilidad de la institución monárquica ahonden en su empeño por mostrar su sentido.




Y es que escudarse en la apacible comodidad que propician las sombras y dejar que sean otros los que se desgarren, o bien ampararse bajo la tranquilidad que confiere la sobreprotección legal de la institución, no liquidan ni mucho menos un problema real. Ideas sugerentes e intuitivas como la de la implantación de una República son precisamente las que ejercen un influjo más poderoso sobre el ánimo minado de un pueblo que necesita de constantes revitalizaciones de ese entusiasmo juvenil de quien se sabe partícipe de una revolución, por banal que esta sea. No hay que olvidar, además, que el mito republicano conserva intacto su potencial de apelación a una Arcadia feliz ya extinta, y huelga decir que no se da hoy ensoñación más capaz de suscitar una reactivación de los afectos socialistas.

Además, tampoco prestan ningún servicio las simplonas defensas de la monarquía alentadas por una irracional fascinación ante la realeza en cuanto tal. Así, como en aquel memorable momento en que Andrea Levy se alzó –ingenua– en portavoz de la música de Yung Beef y este le manifestó la posibilidad de ametrallarle la pierna, en el caso de la monarquía, determinados planteamientos vulgares e infundados en su defensa perjudican más que favorecen a la institución, y las panoplias propias de la prensa rosa o la comparación gráfica sobre la base de atributos físicos entre la Familia Real y los dirigentes izquierdistas como las que se han visto en Twitter hacen un flaco favor a la posibilidad de sustentar racionalmente la lógica que explica su pervivencia.

Podemos anticipar ya el argumento sobre el que pivotará la presente crítica: la lógica detrás de la permanencia de una institución de carácter hereditario como la monarquía en un sistema democrático como el actual es esencialmente de tipo funcional, y tal función no es otra que la de símbolo, tanto de la unidad del Estado como de la permanencia de la nación española a lo largo de la historia. Hasta aquí, nada nuevo. Pero esta función simbólica, al contrario de lo que sus opositores quieren hacer creer, presta relevantes servicios a la hora de garantizar la sucesión ordenada de los gobiernos y de suscitar una adhesión a los valores constitucionales que favorezcan la cohesión de la comunidad política y su perpetuación. Tal función simbólica tiene por objeto simbolizar a la Nación, y es por tanto imprescindible para ello que el Rey sea contemplado como una figura absolutamente ajena a todo posicionamiento partidista. Consecuentemente, esta neutralidad sólo puede ser socialmente creíble si la personalidad que la encarna no es electa. Esta credibilidad que confiere la inelegibilidad, conjuntamente con la pervivencia de la Corona a lo largo de la historia española –condición necesaria para poder simbolizar la continuidad de la Nación– son las razones que explican el carácter hereditario y vitalicio de la institución.

Pues bien, la condición de símbolo que encarna esta singular instancia pública, a la vez persona e institución, sirve a los propósitos de un arbitraje institucional. Como digo, la función en sí del Jefe del Estado no resulta problemática. En efecto, los críticos de la monarquía no impugnan la jefatura del Estado como tal, sino, con razón, el hecho de que esta sea ocupada por una persona no elegida democráticamente. Aquí, sin embargo, sí es preciso elevar una crítica a la manera en la que los antiborbónicos plantean sus posicionamientos en contra de la institución. Se me perdonará que tome, de nuevo, a Iglesias como ejemplo, pues este sintetiza muy bien la contradicción que quiero hacer patente. Así, no es lo mismo decir que “El Rey no vale para nada” a afirmar, seguidamente, que “Un país moderno no se merece que a la jefatura del Estado se acceda por fecundación [sic]”. Es necesario, pues, individuar cada uno de los argumentos, dado que son bien distintos. De la primera se derivaría la abolición de la institución de la jefatura del Estado –pues ya hemos señalado que las funciones de un rey constitucional no se diferencian en lo sustancial de las de un Presidente de una república–, y nos consta que no es esto lo que pretenden los republicanos: de ser así, no demandarían que el Jefe de Estado fuera elegido en las urnas. Por tanto, si Iglesias y su cohorte fueran capaces por un momento de ladear la simplificación discursiva que exige la actividad mitinesca, habrían de reconocer que, en efecto, el Rey ​sí ​sirve para algo. Sin embargo, queda, por otro lado, el más poderoso de los reproches, a saber, el acceso privilegiado a la magistratura sobre la base de la pertenencia a un determinado linaje. Como reconocía Eloy García, el “nacimiento privilegiado” es la “principal objeción democrática que la Monarquía aparentemente no puede superar”.

En este punto, creo que para proceder con la mayor de las justicias es inexcusable que nos  refiramos a la propia Constitución Española, que en su artículo 56.1 aclara que el Jefe del Estado “modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Quizás pueda resultar sorprendente para algunas mentes hipotecadas por la estrechez de miras, pero uno de los que mejor entendió la lógica detrás de la Jefatura del Estado fue el pensador marxista Antonio Gramsci. Si bien este, naturalmente, postulaba el Partido como el órgano en que quedaría absorbida la labor de la Corona, definía al Jefe del Estado como “elemento equilibrador de los diversos intereses en lucha contra el interés dominante”, y añadía que “la fórmula constitucional del rey o del presidente de la república, que “reina pero no gobierna”, es la fórmula jurídica que expresa esta función de arbitraje”.

Determinados planteamientos vulgares e infundados en defensa de la Corona perjudican más que favorecen a la institución.

 

No puedo evitar evocar, al hablar de una institución neutralizadora y arbitral no electa, del sistema de designación de las magistraturas empleado en las ciudades-República italianas del Renacimiento que describe Bernard Manin. Las ciudades italianas, con objeto de esquivar el faccionalismo, recurrieron a la figura de la ​podestá​, un magistrado ejecutivo pacificador procedente de fuera de la ciudad, así como a la práctica del sorteo para designar la ocupación de cargos. Así, se hacía uso del “potencial pacificador de lo externo”, que permitía eliminar las disputas entre ciudadanos derivadas de la competencia electoral. De esta manera, la garantía de ocupación de la jefatura del Estado que proporciona la sucesión dinástica hace que, por un lado, el Jefe del Estado no se configure como una parte interesada en el resultado electoral, y, por otro, que no surjan discordias entre los partidos por ocupar el cargo. En definitiva, una “combinación de los efectos benéficos de las elecciones con la imparcialidad de un órgano externo y, por ello, neutral”, una imposibilidad del resto de ciudadanos de ostentar la jefatura del Estado que evita, al no ser elegibles, que surjan divisiones y “envidias” entre los ciudadanos por obtenerla. Resulta obvio, por tanto, que la articulación de una institución plenamente neutral (esto es, un juez que no sea también parte interesada) y neutralizadora de los faccionalismos sólo puede darse de manera completamente efectiva si el Jefe del Estado es un monarca.